📍 Regidores deben meter orden.Por. Alfonso Madera Martínez.
👉 En Reynosa la modernización avanza… pero a paso desigual. Las obras públicas aparecen en distintos puntos de la ciudad con la promesa de mejorar la infraestructura, agilizar la movilidad y dar una nueva imagen urbana. Sin embargo, junto con el concreto y la maquinaria también llegan los retrasos, las calles cerradas por tiempo indefinido y la afectación directa a comercios y viviendas.Aquí es donde surge la pregunta obligada: ¿quién supervisa que las empresas constructoras cumplan con los tiempos de inicio y terminación? El Cabildo, y particularmente los regidores, no están únicamente para levantar la mano en sesiones o aprobar proyectos en papel. Su función sustantiva es velar por los intereses de los ciudadanos, y eso incluye vigilar que cada obra contratada se ejecute conforme a lo pactado.
Pero no solo ellos. El supervisor de obra tiene la obligación —como su propio cargo lo indica— de vigilar de manera permanente el desarrollo de los trabajos, verificar avances físicos y financieros, y reportar cualquier incumplimiento. Su papel no es administrativo ni decorativo: es técnico y determinante para que los proyectos se realicen correctamente.
Asimismo, la Contraloría Municipal debe asumir su responsabilidad en los casos donde existan retrasos injustificados o incumplimientos contractuales. Si el reglamento contempla sanciones, estas deben aplicarse, incluyendo multas, rescisión de contratos e incluso la inhabilitación de empresas que reiteradamente fallen en su desempeño.
Las obras son necesarias y traen progreso, pero el desarrollo no puede convertirse en sinónimo de improvisación. Cuando una empresa acumula contratos sin contar con la capacidad técnica o financiera suficiente, los retrasos se vuelven inevitables. Y cuando no hay consecuencias, el mensaje que se envía es de permisividad.
Como dice el viejo refrán: no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. En Reynosa no basta con anunciar obras; se necesita planeación, supervisión efectiva y voluntad para hacer cumplir la ley. Solo así la modernización dejará de ser promesa y se convertirá en resultados tangibles para la ciudadanía.